Cuando en 2025 un equipo de investigadoras del Observatorio del Acoso Callejero Guatemala (OCACGT) intentó entrevistar a estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) para conocer los efectos del acoso sexual en esa casa de estudios, algunas de ellas decidieron no participar. Argumentaron que no podían hacerlo “debido al temor a represalias por parte de las autoridades”. Por supuesto, que tenían cosas que decir y problemas que denunciar, pero pudo más el miedo a las consecuencias que pudiera acarrear el hecho de hablar.
Este hecho, aunque puede tomarse como anecdótico, no lo es. Más bien, es una de las evidencias más contundentes de la crisis que atraviesa hoy la universidad pública guatemalteca. Al deterioro notorio de la institucionalidad, las disputas en torno a su autonomía y la creciente subordinación de la universidad a poderes políticos ilícitos y ajenos a su misión, se suma el socavamiento de las condiciones que permiten que ciertas voces emerjan y puedan ser escuchadas.
Lo que conduce a una pregunta ineludible ¿qué ocurre con el conocimiento de un país cuando las instituciones encargadas de producirlo no están comprometidas con el pensamiento crítico, el debate plural y la producción de conocimiento socialmente relevante? ¿Qué sucede cuando una universidad, que ya era imperfecta y desigual, pierde incluso la capacidad para ser cuestionada desde adentro? ¿Qué pasa cuando se reducen aún más los estrechos márgenes de disputa que existían sobre los sentidos de la realidad? ¿Cómo se hace, entonces, para interpelar los saberes dominantes?
Desde una perspectiva feminista, estas preguntas adquieren una dimensión aún más profunda, porque la USAC, además de ser una casa de estudios, para miles de mujeres, especialmente aquellas provenientes de familias trabajadoras, comunidades rurales y pueblos indígenas, constituye uno de los pocos espacios institucionales donde sus conocimientos construidos desde experiencias y propuestas colectivas pueden disputar reconocimiento, debate y legitimidad social.
Porque, no nos engañemos, las universidades nunca han sido los únicos lugares donde se produce conocimiento. Las comunidades, los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, los pueblos indígenas, en su vida cotidiana, en sus luchas y resistencias han generado históricamente saberes fundamentales para comprender y transformar la realidad. Sin embargo, las universidades continúan siendo uno de los espacios desde los cuales se define qué conocimientos son reconocidos, enseñados y dotados de legitimidad social. Entonces, es importante ocupar espacios allí, para que nuevas voces y perspectivas disputen la legitimidad de los conocimientos que se generan, justo en el lugar que se ha atribuido históricamente ese monopolio.
Sin embargo, tampoco se trata de romantizar las universidades porque los obstáculos patriarcales y coloniales que continúan atravesándolas hacen que continúen siendo sitios hostiles para muchas mujeres. Como ejemplos puede señalarse que persiste su exclusión en numerosos espacios de toma de decisión y que sus experiencias y saberes continúan siendo deslegitimados. Esta exclusión afecta de manera particular a mujeres indígenas, cuyos conocimientos han sido históricamente considerados saberes locales, culturales o comunitarios, mientras los conocimientos producidos desde matrices occidentales continúan ocupando el lugar de lo universal. Pero, como si todo esto no fuera un cúmulo particularmente peligroso, deben considerarse las violencias cotidianas que sostienen esas jerarquías y permanecen normalizadas e intactas. De más está decir que, en una universidad cooptada, las posibilidades de denunciarlas y cuestionarlas son menores aún.
Cuando las estudiantes tienen que guardar silencio frente a las violencias que enfrentan porque el miedo a las represalias, la desconfianza en los mecanismos institucionales y la percepción de impunidad generan condiciones que desalientan la denuncia y favorecen el aislamiento, se afecta profundamente su posibilidad de seguir estudiando y de aportar sus conocimientos al debate público. El silenciamiento, entonces, además de generar consecuencias individuales es una práctica política que reproduce jerarquías de poder que regulan quién puede hablar, quién no, quienes son incómodas y quienes deben seguir enfrentando violencias para permanecer dentro de la institución.
Por eso los proyectos autoritarios buscan controlar universidades, medios de comunicación y espacios culturales, porque saben el enorme poder que tiene la producción de sentido. Controlar las instituciones es también controlar las narrativas. Administrar los recursos es, en muchos casos, administrar la palabra. La pregunta que emerge de esta realidad es profundamente válida ¿Dónde reconocemos hoy la verdad? ¿A quiénes escuchamos?
Las corrientes feministas decoloniales y los feminismos comunitarios surgidos en Abya Yala[1] han puesto de relieve que la dignidad se revela, muchas veces, en las voces marginadas, en las experiencias negadas y en las memorias que resisten al olvido. Allí donde una mujer puede nombrar una injusticia, denunciar una violencia o producir conocimiento sobre su propia realidad, se abre una posibilidad de transformación. Por lo tanto, ante las preguntas sobre quiénes pueden hablar o quienes pueden nombrar sus propias experiencias debemos recordar que ninguna comunidad puede llamarse a sí misma justa cuando algunas voces deben guardar silencio para sobrevivir.
Para que nosotras ni las que vienen tengan que seguir aprendiendo en el cuerpo que callar es la condición para permanecer, la tarea seguirá siendo abrir espacios donde nuestra palabra pueda existir sin miedo.
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| Silvia Trujillo |
Referencias
Ferrari, S. (2024). Notas sobre la noción de Abya Yala. Genealogías Gunadule, usos globales y brechas decoloniales.https://revistaseug.ugr.es/index.php/impossibilia/article/view/30017/27934
Observatorio contra el acoso callejero Guatemala (OCACGT, 2025). Efectos psicoemocionales del acoso sexual y callejero en la vida de mujeres estudiantes universitarias. Guatemala. Autor. https://estudiosfeministas.org/wp-content/uploads/2025/11/ocacgt-informeEfectosPsicoemocionalesAcoso.pdf
[1] De
acuerdo con Ferrari (2024) Abya Yala es un término en idioma chibchense hablado por la
comunidad gunadule o guna quienes viven en la zona de la selva colombo-panameña
del Darién, las islas de San Blas (Panamá) y el Golfo de Urabá (Colombia). Se
utiliza para nombrar al territorio conocido como América Latina y se traduce
como “tierra de sangre”, “tierra en plena madurez” o “tierra en florecimiento”.
Su origen se ha rastreado a 1975 durante la Primera Conferencia Internacional
de Pueblos Indígenas cuando, el activista aimara Takir Mamani propuso su uso.
